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Mujeres: El otro motor del crecimiento latinoamericano

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Por: Marcelo M. Giugale

América Latina ha progresado mucho en liberar la energía de las mujeres como agentes del desarrollo.  Cuando el 8 de marzo se festeje el Día Internacional de la Mujer, habrá mucho qué celebrar.  En educación, empleo, crédito, propiedad o justicia, las latinoamericanas han logrado más acceso que sus pares del mundo en desarrollo.  Sin embargo, las inequidades de género aún le cuestan a la región miles de millones de dólares en productividad perdida.  Si esas inequidades no existieran, se estima que nuestra tasa de crecimiento anual sería por lo menos dos puntos porcentuales más alta. ¿En dónde, entonces, debe enfocarse la política pública de aquí en adelante?

Primero, en habilidades transferibles.  Nuestras mujeres ya participan en el mercado laboral.  Pero lo hacen en forma segmentada, sobre representadas en ciertas profesiones (educación) y ausentes en otras (biotecnología).  Sólo en el Medio Oriente se observa una peor segregación ocupacional por género. ¿Por qué?  Porque nuestros sistemas de formación profesional están todavía centrados en transferir conocimientos específicos, más que en desarrollar capacidades de pensamiento crítico, razonamiento matemático y comunicación.

Segundo, en atención preescolar.  La mayoría de nuestros sistemas de educación pública comienzan con la escuela primaria.  Esto causa enormes diferencias de desempeño profesional entre las mujeres que tienen empleo e hijos menores de cinco años y las que no los tienen.  El sector privado provee escolaridad temprana, pero con escasos estándares de calidad y a precios que los pobres no pueden pagar.

Tercero, en desarrollar, no promover, microempresas.  América Latina ha tenido éxito en crear oportunidades  de empleo independiente.  Con poca inversión inicial y un mínimo de tecnología, miles de microempresarias entraron a nuestras economías.  Pocas, sin embargo, dejaron de ser “micro”.  Las políticas y programas públicos de apoyo siguieron exclusivamente enfocados en unidades de pequeña dimensión.  Esto hizo más conveniente tener varias microempresas que tener una empresa mediana.

Cuarto, en formalización.  Las empresarias latinoamericanas no son más informales que los empresarios latinoamericanos.  El problema está en el mercado laboral.  Más de la mitad de nuestras trabajadoras operan fuera del marco legal.  Para ellas, a los factores que causan informalidad en general (como impuestos al salario) se suman leyes y prácticas laborales anticuadas que no reconocen formas modernas de empleo, como el trabajo compartido, a tiempo parcial, con horarios flexibles o a distancia.

Quinto, en financiamiento.  Las mujeres suelen tener su patrimonio en activos movibles, lo que los hace más difíciles de dar como garantía de préstamos.  También son más adversas a hipotecar su propiedad inmobiliaria, un reflejo de lo difícil que les es conseguir su casa propia. Y en muchos países latinoamericanos persisten prácticas notariales discriminatorias (como exigir la presencia del marido para firmar contratos).  El resultado es menos crédito para la empresaria promedio.

Sexto, en certificar equidad de género.  Las empresas latinoamericanas van mostrando creciente interés en certificarse como organizaciones que valoran las diferencias de género. ¿Razón?  Las que lo hicieron han logrado incrementos significativos en productividad.  Es de esperar que la necesidad de competir en el mercado cause imitación. Y que el estado publicite los beneficios de certificarse.

Séptimo, en acceso a información.  Los círculos empresariales donde las mujeres no son bienvenidas son, afortunadamente, una especie en extinción en América Latina.  Construir una red de contactos comerciales ya no es costoso.  La información que todavía no llega a nuestras mujeres tiene que ver con tecnologías industriales, técnicas de gerenciamiento, derechos de propiedad y avances científicos.  Esto atenta contra su capacidad para innovar y ganar nuevos mercados.

Octavo, en seguridad social.  La menor participación laboral en el pasado y mayor informalidad en el presente, hace que la acumulación de derechos pensionales sea peligrosamente baja entre las mujeres latinoamericanas.  Esto se traduce en niveles de pobreza femenina más altos en la tercera edad y ha llevado a varios países de la región (Argentina, Chile, México) a otorgar beneficios jubilatorios no contributivos.

Noveno, en hacer cumplir la ley. Todos los países latinoamericanos han ratificado las varias convenciones internacionales sobre derechos de la mujer.  Y la mayoría ha ajustado sus legislaciones nacionales en consecuencia.  El obstáculo está en la aplicación práctica de las leyes, en especial a nivel local, en la estación de policía o en la corte de la ciudad. Esto es tan cierto con respecto a violencia familiar como a contratos comerciales de pequeño monto. 

Finalmente, en el cambio cultural al interior de nuestros currículos educativos.  La enseñanza de modelos de comportamiento, técnicas de resolución de conflictos, apreciación por las diferencias y renuncia a estereotipos, apenas comienza en la región. 

Muchos de los cambios que exige esta nueva agenda de género para América Latina tomarán años y en algunos casos generaciones. Pero deben comenzar ya mismo. No sólo están en juego los derechos de nuestras mujeres, sino el potencial económico de todos.

*Marcelo M. Giugale es Director de los Programas de Política Económica y Reducción de la Pobreza para América Latina del Banco Mundial.

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